CHARLA - COLOQUIO

EL JUEZ RECHAZA DESALOJAR A LA FAMILIA QUE OCUPA SU CASA EN EL CAMPO DE LA VERDAD

Lourdes y José Manuel, en la puerta de su casa en la que viven y de la que fueron desahuciados

El magistrado desestima la petición de la inmobiliaria que ha denunciado al matrimonio y que mientras se resuelve el juicio por la ocupación de la vivienda había pedido su desalojo como medida cautelar

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la petición de la filial del Banco Santander de desalojar de manera preventiva a la familia que ocupa su propia casa en el Campo de la Verdad después de ser desahuciada. Según ha podido saber este periódico, el magistrado ha decidido que antes de tomar la decisión de volver a desalojar la casa la familia puede seguir ocupándola mientras llega el día del juicio y ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba esta filial, domiciliada en Luxemburgo, del Banco Santander. José Manuel Mengíbar, su mujer Lourdes Castro y sus dos hijos viven en esta casa desde el 24 de octubre de 2012. Unos días antes, habían sido desalojados al no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca.

La causa del desalojo se encuentra en el impago del préstamo de 72.000 euros que la familia pidió en 2005 al banco de Santander para reformar su casa. Solo pudieron hacer frente a los primeros 12.000 euros. Después, llegó la crisis y la depresión económica. Lourdes, de 35 años, perdió su trabajo como cajera en una gran cadena de supermercados. Y su pareja, de 39, que había trabajado toda su vida alternando empleos de peón albañil, camarero, reponedor o repartidor, lleva años en el paro. La familia de cuatro miembros vive de los 426 euros de ayuda que el Estado paga a Lourdes.

Además, la filial del Banco Santander también pide una fianza de 3.000 euros que debe abonar la familia de Lourdes como depósito por los posibles daños que se hayan podido provocar en la vivienda durante la ocupación. Lourdes también se enfrenta a una petición de multa económica. De momento, se le imputa una falta y no un delito. La Fiscalía Provincial pide para ella una sanción de tres euros al día a contar desde el pasado 19 de octubre. La acusación particular, representada por el abogado del banco, eleva la petición de multa a 12 euros al día.

PUBLICADO EN CORDOPÓLIS EL 07/06/13

LA JUNTA INICIA EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE UNA VIVIENDA A UNA SOCIEDAD FINANCIERA

María del Carmen Andújar, ayer  en la
cocina de la vivienda de la que su familia
iba a ser desahuciada en Huelva capital.

Primer paso visible del decreto andaluz sobre la función social de la vivienda. El BOJA publicó ayer el inicio del proceso de expropiación de una vivienda en Huelva capital cuyos propietarios están afectados por una amenaza de desahucio. Este proceso permitiría, cuando acabe el procedimiento, que la familia de María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos menores, de 15 y 17 años, sigan en la misma residencia durante los próximos tres años con un alquiler social por el 25% de sus ingresos. 

La casa de María del Carmen, en la calle Alonso de Ercilla, fue desde primera hora de la mañana el escenario de una fiesta improvisada. Familiares, amigos, vecinos y muchos periodistas recogieron el júbilo de la protagonista: "Tengo en el cuerpo una satisfacción muy grande. Me siento muy contenta, satisfecha y orgullosa". 

La noticia se la comunicó unas horas antes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los mismos que le aconsejaron hace un mes realizar la solicitud ante la delegación territorial de Fomento y Vivienda. "Valoro al máximo lo que se ha hecho. Ha sido todo muy rápido", aseguró María del Carmen. 

La vivienda tenía una orden de desahucio para el 14 de mayo. María del Carmen inició los trámites con la Junta de Andalucía el 24 de abril y firmó la solicitud el 10 de mayo, sólo cuatro días antes del desalojo programado por el juzgado. "Tuvimos mucha suerte porque la ejecución se demoró mientras se estudiaba nuestro caso. Nos dijeron que tardarían al menos 15 días en dar una respuesta y al final nos han sorprendido antes y de esta forma", explicó feliz la afectada. "Hemos pasado un año y medio muy duro hasta ahora". La familia lleva 9 años viviendo en el piso de 86 metros cuadrados, un bloque modesto, de sólo tres plantas, sin ascensor, construido hace varias décadas. 

Durante los primeros seis años pudieron atender los pagos de la hipoteca, de alrededor de 500 euros mensuales hasta que las cosas se empezaron a torcer. Tuvieron que cerrar el pequeño negocio que regentaban y tratar de subsistir como podían, pero hace tres años dejaron de pagar. 

La deuda de los tres primeros meses provocó la apertura del proceso por parte de la financiera con la que firmaron el crédito, generando una deuda que superaba los 20.000 euros con intereses y costes de gestión. "Teníamos una hipoteca de 78.000 euros y al final pasamos a deber 96.000 al banco. Si no podíamos pagar cada mes, más difícil era pagar todo eso". 

El marido está en paro y ella trabaja para una empresa de limpieza a tiempo parcial, cobrando "lo que no llega ni a 300 euros al mes". 

El piso acabó saliendo a subasta el 31 de octubre de 2011, siendo adjudicado a una filial inmobiliaria de la entidad financiera. Según ha podido conocer esta redacción, se trata de una titulizadora hipotecaria, una sociedad financiera que compra hipotecas para revenderlas en el mercado secundario. 

La familia contactó con abogados para evitar un desahucio que se debía materializar en enero de 2013. Y se logró una prórroga en los juzgados. Hasta que la orden final de desalojo se fijó para el 14 de mayo y se apostó por recurrir al nuevo decreto de la Junta. 

"Ha sido muy duro. Cuando llegó la orden de desahucio me vine abajo", confesó María del Carmen. "Estábamos desesperados, sin opciones. No me quería ir de esta casa. Antes me quedaba de okupa". 

No obstante éste es el inicio del procedimiento. Se trata de un anuncio previo denominado "acuerdo de necesidad de ocupación". Para expropiar un bien, en este caso su uso, hay que hacer una evaluación previa para constatar que existe una necesidad social. Serían las circunstancias con la que se ha valorado a esta familia. 

Se publica para conocimiento de la entidad financiera, que dispone ahora de 15 días para alegar. El trámite dura meses y, según la Administración, cuenta con todas las garantías legales. En caso de que no se acepten las alegaciones de la empresa, se establecerá un justiprecio, se analizará un informe por parte de la Vivienda, irá al letrado de la Junta y se publicará de nuevo, como paso previo a su entrada en el Consejo de Gobierno para que éste acuerde la expropiación. Sólo es necesario en la primera expropiación. 

Esta posibilidad de expropiar los bienes de los bancos o asimilados, que se recoge en una disposición transitoria del decreto, ha levantado las dudas de la Unión Europea, que ha pedido información al Gobierno español sobre las medidas que pudieran tener impacto sobre la estabilidad de los bancos. Una delegación de la troika se encuentra esta semana en Madrid.

PUBLICADO EN EL DÍA DE CÓRDOBA EL 24/05/13

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STOP DESAHUCIO

Resumen del encuentro STOP DESAHUCIOS del sábado 23 de marzo

El pasado sábado 23 de marzo tuvimos un encuentro multitudinario donde los abogados y abogadas de la plataforma informaron a las familias de la regulación hipotecaria actual, de los procedimientos de ejecución hipotecaria, sus fases y la ilegalidad de los mismos en base a la sentencia del TJUE, y finalmente, de las [...]

STOPDESAHUCIOS on 25 MARZO, 2013

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"El Gran Debate" de TELECINCO. 23-03-2013: La crispación, 

 para aquellos que no hayais tenido ocasión de ver el programa

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ENTRA EN VIGOR LA PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS CON DUDAS SOBRE SU EFECTIVIDAD

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. 

La suspensión de los desahucios durante los próximos dos años ha entrado en vigor este viernes con la publicación del decreto ley en el BOE, aunque son muchas las voces que ponen en duda su efectividad debido a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y reclaman cambios legales más profundos. 

Desde el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha aplaudido la medida, pero la considera "claramente insuficiente" para solventar la situación actual y reclama medidas "bastante más contundentes", como posibles quitas de la deuda, una reforma de las cláusulas de las hipotecas y mayor control y limitación de los tipos de interés en la mora. La portavoz de la APM, Maite Sáez, ha señalado que los jueces habrían preferido una definición más amplia de los requisitos que deben cumplir los futuros beneficiarios de la suspensión del desahucio para así contar con mayor margen de interpretación a la hora de aplicar la normativa. 

Jueces para la Democracia (JpD) también ve insuficiente el decreto y critica que el Gobierno apueste en él por "medidas testimoniales y no por cambios estructurales". Su portavoz, Joaquim Bosch, vaticina que la nueva normativa tendrá "un alcance levísimo" ya que los supuestos incluidos no contemplan a la gran mayoría de familias afectadas. 

Para el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) estamos ante un cambio legal "muy parcial" y una "mera operación de maquillaje", ya que no tiene efectos retroactivos para las personas ya desahuciadas. Además, recuerda el sindicato, sólo paraliza los lanzamientos y no el procedimiento, lo que implica que van a seguir celebrándose subastas de inmuebles y cobrándose intereses de demora, aunque confía en que en el trámite parlamentario haya "voluntad real" para abordar el problema. 

El lanzamiento es la última fase del procedimiento de ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con la expulsión de la vivienda, comúnmente denominado desahucio. La paralización estará vigente durante dos años y se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de 16 de noviembre de 2012 en los que no se haya producido desahucio. 

Para beneficiarse de la suspensión es necesario formar parte de alguno de los siguientes colectivos sociales: ser familia numerosa, monoparental con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género. Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar. 

Además es necesario tener una renta inferior a tres veces el Iprem -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales-, que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años y que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos) y que sea la única vivienda del deudor. 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha valorado los avances de estas medidas y especialmente la declaración de la Exposición de Motivos sobre la necesidad de reformar más en profundidad el marco jurídico. En el mismo sentido se ha pronunciado el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que ha pedido buscar medidas definitivas y ha pedido el mayor consenso de los partidos. 

Por el contrario, Facua ha señalado que es una "pantomima" del Gobierno para "aparentar" que le preocupan los desahucios y ha critica que los supuestos contemplados no dan respuesta a las familias que han actuado de buena fe y tienen una necesidad real por una situación sobrevenida.

PUBLICADO EN EL DÍA DE CÓRDOBA EL 18/11/12

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EN DEFENSA DE NUESTROS VECINOS: LOURDES Y JOSE ANTONIO

La Primera vez pudimos parar el desahucio, la Comisión Judicial no pudo llevar a cabo el lanzamiento. La Plataforma STPOP DESAHUCIOS y numerosos vecinos del barrio formamos varios cinturones de protección delante de la casa, para evitarlo.

Lourdes y José Antonio, expropietarios de la casa, en la calle Evaristo Espino, respiraron momentáneamente, pero no quedaron tranquilos, sabían que solo era una tregua, y que el lanzamiento de su vivienda se intentaría de nuevo.

Efectivamente, a los pocos días, la Comisión Judicial volvió, esta vez sin previo aviso. Lourdes, que acababa de dejar a sus hijos en el colegio, estaba sola. Esta vez, ni Stop desahucios, ni los vecinos pudimos intervenir y de esta forma, en media hora se encontró en la calle y con lo puesto.

Hoy, Lourdes, José Antonio y sus hijos han vuelto a casa, eso si ahora como ocupas, y quizás debido al stress y a la  tensión a que se han visto sometidos, Lourdes ha perdido al hijo que esperaba.

Desde la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino, nos preguntamos: ¿Qué leyes tan injustas tenemos en nuestro país, que permiten que una situación así pueda ocurrir? ¿Qué defensa tiene el ciudadano frente al poder de los bancos? ¿a quien protege la Justicia, al débil o al fuerte?

Sabemos que hay muchas familias desahuciadas y otras muchas que viven con el alma en vilo pendientes de la ejecución de su lanzamiento.

Exigimos a los que pueden solucionar este problema que acaben ya con esta injusticia. Familias enteras que han perdido el trabajo, pierden su vivienda y, en el colmo de la injusticia, tienen que seguir pagando la hipoteca al banco.

No podemos entender que se empleen miles de millones de dinero publico en rescatar a los bancos y no se pueda rescatar a las familias  como nuestros vecinos Lourdes y José Antonio.

Exigimos que se cambien ya las leyes que haya que cambiar para impedir que las familias afectadas por la crisis, que ellos no han creado, no puedan pagar a los bancos, no se queden en la calle y sin vivienda.

Por esto la Asociación Vecinal Guadalquivir se adhiere a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la dacion en pago, y el alquiler social. Y manifestamos nuestro apoyo a nuestros vecinos Lourdes José Antonio y sus hijos.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 12/11/12

LA FAMILIA DESAHUCIADA EN EL CAMPO DE LA VERDAD VUELVE A CASA

Lourdes Castro y su pareja fueron desalojados el viernes pasado por impago 

Lourdes Castro y su pareja han vuelto a entrar en su vivienda, situada en la calle Evaristo Espino, en el Campo de la Verdad, de la que fueron desalojados el pasado viernes.

Según la ex propietaria del inmueble, una vecina la alertó de que alguien estaba intentando entrar en la casa, donde dejó la mayoría de sus pertenencias. "Me llamó y me dijo que habían oído ruidos de alguien trasteando la puerta, pero que salió huyendo cuando les dio una voz para saber quién era", comentó. Rápidamente, Lourdes acudió para comprobar si le habían robado algo y comprobó que todo estaba en orden. Desde ese momento, Lourdes y su pareja, ambos en el paro, han decidido quedarse a vivir de nuevo en la casa, que debido al impago de un préstamo ha pasado a ser propiedad de una empresa inmobiliaria subsidiaria del banco con el que ella contrajo la deuda.

La plataforma Stop Desahucios organizó el martes una concentración de apoyo a esta familia desahuciada, que el lunes presentó una denuncia en los juzgados para denunciar el trato recibido durante el desalojo.

Según el relato de Lourdes Castro, que se encontraba sola en el momento del desahucio, fue tratada de forma vejatoria y se le impidió llamar por teléfono para pedir ayuda. Asimismo, tuvo que abandonar su vivienda sin aviso previo y en apenas media hora, dejando dentro todos sus muebles, muchas de sus cosas y su gato, que la arañó cuando intentó cogerlo, tras lo cual la Policía la obligó a irse.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 25/10/12

'Okupas' en su propia (ex) casa

Han estado fuera de su casa menos de una semana. El pasado viernes, el juez ordenó el desalojo, sin previo aviso, de Lourdes y los suyos. Se llevó a cabo cuando volvía de dejar a los niños en el colegio, en media hora, el tiempo justo para que ella, sola y embarazada de tres meses, saliera de su vivienda en el Campo de la Verdad dejando atrás toda una vida, todos sus muebles, su ropa y hasta el gato, que no pudo llevarse porque no le dieron opción. Tampoco le permitieron llamar por teléfono para pedir ayuda, según relata indignada por la forma en la que sucedieron los hechos. "No es justo que te traten de esa manera, como a un criminal", insiste cada vez que recuerda el trato que recibió aquel día y que ha motivado una denuncia en la que acusa a los funcionarios de coacción y vejaciones.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 25/10/12

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CRISIS CON ROSTRO / GREGORIO CALVO

VECINO DEL BARRIO DEL GUADALQUIVIR

En tres años, Gregorio cumplirá cincuenta. Tiene tres hijos a su cargo, Roberto, Sergio y Estefanía. Patricia hizo hace algunos meses las maletas y se ha marchado en busca del pan que aquí se le niega. Es uno de esos que la estadística del paro esconde en el porcentaje de familias en las que ninguno de sus miembros trabaja. Su mujer, Rafi, ha conseguido hace unos días un contrato de “ocho horas al mes”.

Los dos están sufriendo en sus carnes toda la crueldad de este desempleo feroz que se ceba con los más desprotegidos. La depresión se ha instalado con ellos y les hace llorar intermitentemente. Viven con poco, con una ayuda de 426 euros que se agota enseguida. La pareja acude a la parroquia en busca de alimentos cada quince días y han colocado carteles pidiendo donativos para no perder su vivienda, cuya renta no pueden pagar puntualmente.

Ahora, hace unos días, han recibido una carta amenazadora de la empresa municipal de la vivienda de Córdoba, VIMCORSA, que les exige el pago de los atrasos, so pena de desahuciarlos y dejarlos en la calle. Sus vecinos están ingresando pequeñas cantidades en esa cuenta que representa la otra cara de la recesión, la Solidaridad con mayúsculas. 

Entrevista al trabjador en paro, Gregorio Calvo, al que la empresa municipal de la vivienda de Córdoba le ha remitido una carta en la que le apremian a que pague los atrasos que debe de su renta mensual de alquiler, so pena de ser desahuciado.

PUBLICADO EN EL BLOG DE ALBERTO ALMANSA 16/10/12

http://www.albertoalmansa.es/

LURDES CASTRO Y JOSE MANUEL MENJIBAR: "BANCO, ALQUILAME MI CASA

Quién lo diría. Los débiles de verdad nunca se rinden" (Mario Benedetti).

Ahora que el mundo parece decidido a estrujar a los pobres y que se ha declarado una guerra en la que las bombas no son ya misiles sino cartas de despido y órdenes de desahucio, parece el momento adecuado para congratularse por los pequeños triunfos del pueblo, por diminutos y temporales que sean.

Lourdes Castro Rivera, mujer de 35 años, madre de dos hijos y parada de larga duración, es la protagonista de un desahucio frustrado para el que la justicia ya está buscando nueva fecha de ejecución. Su historia es una de las muchas que cada día se estrellan sin solución entre las cuatro paredes de un banco sin pudor. Arranca en 2005, cuando Lourdes y su ahora exmarido vendieron su vivienda y decidieron comprar una casa en el Campo de la Verdad. Eran tiempos de bonanza y la vida les sonreía. Con el dinero que obtuvieron de la venta, pagaron la mayor parte del inmueble, pero pidieron un préstamo para lo que les faltaba y para su reforma, en el que incluyeron los pagos pendientes por la adquisición de un coche. El aval de aquel préstamo de 60.000 euros fue la propia casa.

La felicidad duró poco. En el año 2007, empezó la crisis y la pareja empezó además a desmoronarse hasta que optaron por el divorcio. Lourdes y su exmarido acordaron por convenio el pago al 50% de la vivienda, una condición que se cumplió hasta que en el 2009 él se casó con otra mujer y ella empezó a compartir su vida con otro hombre. "Desde ese momento, mi exmarido siguió pagando la pensión de mis hijos, pero dejó de pagar su parte de la hipoteca y yo, que ya estaba en paro, al igual que José Manuel (su pareja), no pude hacer frente a la hipoteca", explica sincera. Las cuotas, de unos 400 euros, se convirtieron en una losa para una familia que contaba solo con la manutención de los niños y una ayuda social de 426 euros. En medio de tales circunstancias, José Manuel, tratado durante años contra la obesidad, empezó a ganar peso hasta alcanzar los 200 kilos, impidiéndole contribuir de alguna forma a la economía familiar.

Los meses fueron pasando y con ellos las advertencias del banco y los fallidos intentos de negociación. "No nos negamos a pagar, pero, sin trabajo, no podemos hacer frente a la hipoteca, así que nos ofrecimos a pagar un alquiler social durante 18 meses con opción de compra después, a la espera de que nuestra situación económica mejorara", explica Lourdes, que no sabe qué será de ellos y de sus dos hijos si se ejecuta el desalojo. "Llevo meses con problemas para dormir y a base de ansiolíticos", confiesa.

La amenaza de subasta de la vivienda se cumplió hace más de un año aunque, para sorpresa de su propietaria, fue adquirida por una cantidad irrisoria comparada con lo que el banco le exije a ella. "No entiendo cómo a mí me piden 72.000 euros y luego la compra una sociedad inmobiliaria fantasma por 5.000", señala indignada. El 9 de julio su casa debía ser desalojada, pero la plataforma Stop Desahucios consiguió un aplazamiento. Ahora solo cabe esperar.

En busca de una esperanza

Lourdes y José Manuel, a pesar de su debilidad frente a un sistema depredador e injusto, están dispuestos a resistir contra viento y marea. El, que se sometió a una operación de reducción de estómago para mejorar su forma física, asegura estar buscando trabajo en cualquier cosa. "Tengo experiencia como camarero, repartidor, charcutero, reponedor y peón de albañil y ahora estoy haciendo un curso de cocina en la Escuela de Hostelería", explica José Manuel, que también tiene un hijo de una relación anterior al que su falta de ingresos le impide pasar la pensión. A su lado, Lourdes insiste en dar las gracias a Stop Desahucios por su intervención. "Cuando acudimos a ellos, nos encontrábamos en un callejón sin salida, ahora sabemos que hay gente dispuesta a ayudarnos y eso nos da fuerza", asegura.

"Tener un trabajo"

Al igual que millones de españoles que están en el paro, el sueño de Lourdes Castro y de su compañero sentimental es encontrar un trabajo lo antes posible y tener opciones para negociar con el banco. "Me gustaría llegar a un acuerdo y que no me echen de mi casa", explica, "ahora ni siquiera puedo alquilar una vivienda porque me piden una nómina que no tengo y en Vimcorsa la lista de espera es infinita".

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 29/07/12

"STOP DESAHUCIO" PROTESTA POR EL CENTRO DE CÓRDOBA

Apoyan a una familia del barrio del Guadalquivir que podría perder su vivienda

El grupo de trabajo del 15M 'Stop Desahucios' de Córdoba ha vuelto a convocar una concentración, en el centro comercial y financiero de la ciudad, en protesta contra aquellas entidades financieras que se niegan a negociar con quienes no pueden pagar las hipotecas y que no aceptan, tampoco, la dación en pago ni les ofrecen a los desahuciados la posibilidad de seguir viviendo en las que fueron sus casas pagando un "alquiler social". 

     Así lo ha explicado este lunes el portavoz de 'Stop Desahucios' en Córdoba, Rafael Blázquez, quien, junto a una treintena de personas, ha protagonizado dicha concentración, junto a miembros de la familia Cabello-Moral, cuya vivienda va a ser subastada como resultado de la deuda impagada que contrajo su hijo, poniendo el piso de sus padres como aval. 

     Blázquez ha insistido en que la concentración pretende convencer "al Banco de Santander de que negocie" con la familia afectada, para que "la deuda quede saldada con la entrega de la vivienda", ubicada en la barriada del Guadalquivir, y que el matrimonio afectado "pueda quedarse donde siempre vivió, pagando un alquiler social en función de sus ingresos", que son los 600 euros al mes que cobra el hombre, de 63 años, a través de una pensión por invalidez.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 22/05/12