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| María del Carmen Andújar, ayer en la cocina de la vivienda de la que su familia iba a ser desahuciada en Huelva capital. |
Primer paso visible del decreto andaluz sobre la función social de la vivienda. El BOJA publicó ayer el inicio del proceso de expropiación de una vivienda en Huelva capital cuyos propietarios están afectados por una amenaza de desahucio. Este proceso permitiría, cuando acabe el procedimiento, que la familia de María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos menores, de 15 y 17 años, sigan en la misma residencia durante los próximos tres años con un alquiler social por el 25% de sus ingresos.
La casa de María del Carmen, en la calle Alonso de Ercilla, fue desde primera hora de la mañana el escenario de una fiesta improvisada. Familiares, amigos, vecinos y muchos periodistas recogieron el júbilo de la protagonista: "Tengo en el cuerpo una satisfacción muy grande. Me siento muy contenta, satisfecha y orgullosa".
La noticia se la comunicó unas horas antes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los mismos que le aconsejaron hace un mes realizar la solicitud ante la delegación territorial de Fomento y Vivienda. "Valoro al máximo lo que se ha hecho. Ha sido todo muy rápido", aseguró María del Carmen.
La vivienda tenía una orden de desahucio para el 14 de mayo. María del Carmen inició los trámites con la Junta de Andalucía el 24 de abril y firmó la solicitud el 10 de mayo, sólo cuatro días antes del desalojo programado por el juzgado. "Tuvimos mucha suerte porque la ejecución se demoró mientras se estudiaba nuestro caso. Nos dijeron que tardarían al menos 15 días en dar una respuesta y al final nos han sorprendido antes y de esta forma", explicó feliz la afectada. "Hemos pasado un año y medio muy duro hasta ahora". La familia lleva 9 años viviendo en el piso de 86 metros cuadrados, un bloque modesto, de sólo tres plantas, sin ascensor, construido hace varias décadas.
Durante los primeros seis años pudieron atender los pagos de la hipoteca, de alrededor de 500 euros mensuales hasta que las cosas se empezaron a torcer. Tuvieron que cerrar el pequeño negocio que regentaban y tratar de subsistir como podían, pero hace tres años dejaron de pagar.
La deuda de los tres primeros meses provocó la apertura del proceso por parte de la financiera con la que firmaron el crédito, generando una deuda que superaba los 20.000 euros con intereses y costes de gestión. "Teníamos una hipoteca de 78.000 euros y al final pasamos a deber 96.000 al banco. Si no podíamos pagar cada mes, más difícil era pagar todo eso".
El marido está en paro y ella trabaja para una empresa de limpieza a tiempo parcial, cobrando "lo que no llega ni a 300 euros al mes".
El piso acabó saliendo a subasta el 31 de octubre de 2011, siendo adjudicado a una filial inmobiliaria de la entidad financiera. Según ha podido conocer esta redacción, se trata de una titulizadora hipotecaria, una sociedad financiera que compra hipotecas para revenderlas en el mercado secundario.
La familia contactó con abogados para evitar un desahucio que se debía materializar en enero de 2013. Y se logró una prórroga en los juzgados. Hasta que la orden final de desalojo se fijó para el 14 de mayo y se apostó por recurrir al nuevo decreto de la Junta.
"Ha sido muy duro. Cuando llegó la orden de desahucio me vine abajo", confesó María del Carmen. "Estábamos desesperados, sin opciones. No me quería ir de esta casa. Antes me quedaba de okupa".
No obstante éste es el inicio del procedimiento. Se trata de un anuncio previo denominado "acuerdo de necesidad de ocupación". Para expropiar un bien, en este caso su uso, hay que hacer una evaluación previa para constatar que existe una necesidad social. Serían las circunstancias con la que se ha valorado a esta familia.
Se publica para conocimiento de la entidad financiera, que dispone ahora de 15 días para alegar. El trámite dura meses y, según la Administración, cuenta con todas las garantías legales. En caso de que no se acepten las alegaciones de la empresa, se establecerá un justiprecio, se analizará un informe por parte de la Vivienda, irá al letrado de la Junta y se publicará de nuevo, como paso previo a su entrada en el Consejo de Gobierno para que éste acuerde la expropiación. Sólo es necesario en la primera expropiación.
Esta posibilidad de expropiar los bienes de los bancos o asimilados, que se recoge en una disposición transitoria del decreto, ha levantado las dudas de la Unión Europea, que ha pedido información al Gobierno español sobre las medidas que pudieran tener impacto sobre la estabilidad de los bancos. Una delegación de la troika se encuentra esta semana en Madrid.
PUBLICADO EN EL DÍA DE CÓRDOBA EL 24/05/13
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