Los municipios van, poco a poco, reduciendo la cantidad de coches de sus calles, pese a la ausencia de normativa estatal que los obligue y por motivos que van desde la salud pública hasta ofrecer espacios más seguros a la infancia
El medio ambiente urbano —ese que debiéramos cuidar mucho más, porque los humanos pasamos buena parte de nuestras vidas en él— está deseando limpiar parte de sus impurezas. Y, aunque le cuesta, se mueve lentamente.
Pero las ciudades gritan su voluntad de cambio no siempre apoyadas desde las instancias más centrales, que podrían ayudar mucho más en esa transformación, elaborando leyes eficaces para apoyar la transición. Parece como si los ministerios centrales emitiesen sus dictados desde las nubes de Urano, en vez de palpar la realidad sobre la que reflexionan en el BOE.
Es el caso de las Zonas de Bajas Emisiones, cuya legislación específica está aún pendiente de aprobación. Lo que hasta ahora se conoce no convence plenamente ni a ciudades ni a organizaciones. La gran oportunidad que supondría la obligatoriedad de restringir el tráfico en metrópolis mayores de 50.000 habitantes queda desdibujada, como su aplicación en función de las etiquetas ambientales de los vehículos. Se cambian las fichas, pero no el tablero ni las normas del juego.
La ciudad de Estepona, en la provincia de Málaga y premio extraordinario, obtuvo una mención especial por la Red, ya que convirtió su avenida principal, con cuatro carriles para vehículos, en un generoso paseo a orillas del Mediterráneo. PARA LEER NOTICIA COMPLETA HACER CLICK AQUÍ. PUBLICADO POR ANA MONTALBÁN EN EL PAÍS EL 09/12/2022.
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