Córdoba Pública denuncia el grave deterioro de las condiciones laborales en los Servicios Sociales.

Córdoba Pública denuncia el grave deterioro que se viene experimentando en las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios sociales, tanto de las empresas privadas que trabajan para el ayuntamiento como de los propios empleados públicos.

- Dependencia: Las trabajadoras de la Atención a la Dependencia que trabajan para CLECE, la empresa de Florentino  Pérez (uno de los más importantes suministradores de servicios del Ayuntamiento de Córdoba), sufren la siguiente situación:

. De las cientos de mujeres trabajando en el servicio, solo unas pocas tienen jornada completa, con la que, en el mejor de los casos, apenas llegan a los 900 euros al mes, pagas extras prorrateadas, incluidas pues en esa cantidad.

. Pero la mayoría de estas mujeres lo que tienen son jornadas por horas, repartidas en tramos de mañana y tarde y con horarios que  pueden cambiar de modo continuo. Sus sueldos, en muchos casos, no llegan a los 300 o 400 euros mensuales, sin posibilidad de complementarlos con otros trabajos, dado el reparto horario y el cambio continuo del mismo.

- Residencia Municipal de Mayores del Polígono Guadalquivir: conforme al Plan de Ajuste Municipal, dicha Residencia se está privatizando por partes, hasta tenerla toda privatizada y buscar su concesión global a alguna empresa. Aunque - hasta ahora – el gobierno municipal ha declarado la voluntad de mantener el empleo de los trabajadores municipales, trasladándolos a otros servicios, lo cierto es que las condiciones de los trabajadores de las empresas privadas que se han quedado con  los servicios de  cocina, lavandería y auxiliares de clínica son bastante precarias, con algunos trabajadores cobrando sueldos de algo más de 500 euros.

En definitiva, esta situación de precariedad de los trabajadores de estas empresas viene a alimentar el fenómeno creciente en nuestro país de lo que se ha dado en llamar trabajadores pobres: personas que a pesar de tener trabajo no logran salir por entero de la pobreza, porque lo que ganan a duras penas les llega para subsistir o, a veces, si no completan la jornada, ni siquiera eso. 

Además, si ponemos esta situación en relación con la sustitución de los derechos sociales por la caridad y la beneficencia que también viene produciéndose en el ámbito de los servicios sociales, lo que al final nos encontramos es con unos servicios sociales de pobres para pobres, o lo que es lo mismo, unos pobres servicios sociales que van perdiendo su carácter universal, en un Estado que no cabe ya calificar de Derecho, sino de Desecho. Baste saber que el Gobierno, entre 2011 y 2014,  ha reducido el gasto en Servicios Sociales en los Presupuestos Generales del Estado de 2.515 a 1.809 millones de euros; el de atención a la Dependencia de 1.498 a 1.176 millones y la aportación al Plan Concertado, con el que financia los servicios sociales de los ayuntamientos, de 86,6 a 32 millones de euros.

-Trabajadores municipales: Esto se ve confirmado en las condiciones de trabajo de los empleados públicos de los servicios sociales. Fruto de las necesidades crecientes de la población (recientemente se sabía por la prensa que más de 76.000 personas reciben ayuda del Banco de Alimentos y que un 40% de los parados de la provincia de Córdoba no perciben ningún tipo de ayuda), la demanda de atención  social no para de crecer. 

Como además los recursos, tanto económicos como de personal, no hacen sino mermar, lo que se sufre cada vez más es un colapso de los servicios sociales, con listas de espera en atención primaria de hasta 6 meses. Para colmo, el gobierno municipal, en su deriva electoralista, se ha lanzado a un propagandismo sin límites en que anuncia creación de empleo contra la exclusión, utilizando como vía de acceso a dicho empleo a los servicios sociales. Lo que lanza a la gente a incrementar la presión sobre los mismos, ya de por si colapsados. Quienes al final dan la cara y sufren todo tipo de presiones al respecto son - sobre todo - los Trabajadores Sociales, poniendo en peligro su integridad y su salud, pues la gente, lógicamente desesperada, quiere que se les atienda a toda costa.

Este propagandismo ha llegado a tal nivel de contradicción,  que el propio alcalde, en su último bando del pasado 30 de julio (“Eje de Inclusión Activa. Córdoba Integra 2014”, es el rimbombante nombre que le ha dado), a la par que anuncia a bombo y platillo la oferta de puestos de trabajo contra la exclusión (trabajos en su gran mayoría precarios, con sueldos de menos de 500 euros), informa que se accederá a los mismos a propuesta de los servicios sociales, pero pide que no se acuda a los servicios sociales “porque puede dificultar el trabajo de los funcionarios”. 

Actúa así como  el bombero pirómano: primero azuza el fuego con gasolina y luego echa agua con la regadera. ¿De verdad es serio, en una ciudad con un 35% de paro, ofertar empleo – por precario que sea – a través de los servicios sociales y luego pedir que no se acuda? ¿Cree que la gente se va a quedar quieta en casa?

El asunto no es ninguna broma, sino bastante grave, porque a día de hoy hay 2 Trabajadoras Sociales de baja en el centro de servicios sociales Sur por desgaste emocional y por amenazas a su integridad y la de sus familias. 

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