La Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el Derecho a la Vivienda como un elemento crucial en la lucha contra la exclusión social. Sin embargo, la situación en nuestra ciudad supone una extrema violación de los derechos humanos. En Córdoba hay entre 240 y 250 personas sin techo.
Las personas sin techo carecen de un hogar que les permita vivir dignamente y desarrollar las relaciones sociales en la comunidad. Un dato desalentador es su esperanza de vida, que alcanza hasta 23 años menos que en la media de andaluces. Elementos como la seguridad alimentaria o la pobreza farmacéutica afectan directamente a esta realidad.
Hace unas semanas conocimos a dos familias que habían ocupado un local comercial de la Barriada de Moreras. Son dos familias jóvenes trabajadoras con dos hijos, una esperando un bebé, solicitantes de vivienda protegida desde hace años. Su situación no les permite acceder al mercado libre de vivienda y la Administración no les ha dado respuesta efectiva para atender un derecho básico. Lo que parece grave es que la AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, en vez de dar una solución a estas familias, al vivir de manera no adecuada, ha optado por un desahucio por la vía penal del que han sido absueltos, pero le dieron de plazo tres días para abandonar el local comercial que llevaba en desuso más de 15 años.■ Fuente de datos: APDH Córdoba, Publicado por Inés Fontiveros en nº 1 de enero 2017 de Paradigma.
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