La negociación evita en menos de dos años unos 800 desalojos en Córdoba

La Junta ha mediado en 564 casos desde finales de 2012 y Stop Desahucios en más de 100 solo en 2014

Foto: Rafael Cidnes, responsable de uno del los puntos de información de Stop Desahucios. - JUAN MANUEL VACAS

ARACELI R. ARJONA 30/07/2014

Casi 800 familias cordobesas siguen actualmente viviendo en sus casas gracias a la negociación con los bancos, una fórmula que, según la Junta de Andalucía, se ha puesto en práctica a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en 671 casos que han solicitado intermediación, de los cuales 564 han conseguido permanecer en sus casas en situación de mora hipotecaria. Desde que se puso en marcha este recurso, en octubre del 2012, hasta junio de este año, los servicios dependientes de la Consejería de Fomento han atendido además a 84 familias que están en fase de prevención, es decir, aún no se han registrado impagos, pero "se prevén posibles situaciones de amenaza del derecho a la vivienda‡" y a 23 considerados casos "en protección‡": tienen fecha de desalojo o han sido ya desahuciados y la oficina les está buscando alternativas de realojo.

Por su parte, la plataforma Stop Desahucios, que ofrece asesoramiento gratuito gracias al trabajo incansable de los voluntarios, ha conseguido que la presión social se convierta en una herramienta para forzar la negociación con los bancos, que prefieren sentarse a buscar soluciones que verse señalados con protestas diarias en la puerta. De esta forma, desde 2013 hasta aquí han conseguido evitar más de 200 desalojos. Según su portavoz, Rafael Blázquez, los resultados hablan por sí solos. Si en el 2013 evitaron más de un centenar de desahucios, en lo que va de año, se han alcanzado 30 daciones en pago, unas 50 reestructuraciones de deuda con 20 alquileres sociales y se han paralizado 50 procesos de ejecución hipotecaria y 20 subastas. 

La plataforma, que prepara estos días un encuentro transnacional sobre la resistencia civil a los desahucios en Córdoba, que tendrá lugar en octubre, dispone de puntos de encuentro repartidos por toda la ciudad donde recibe a decenas de familias en distintas fases del proceso de ejecución hipotecaria. Los casos más dramáticos, aquellos en los que el desalojo ha sido consumado, también están encontrando respuesta. De hecho, ya hay decenas de familias realojadas en inmuebles vacíos de entidades bancarias. Una práctica que según Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho e impulsor del Laboratorio Jurídico de la UCO, no debería considerarse delito "ya que se trata de inmuebles vacíos (no de viviendas) que son propiedad de personas jurídicas (no físicas), por lo que no tienen derecho a la vivienda‡". En estos casos, recalca, "además de no ser delito debería primar el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad‡". Rodríguez recuerda la urgencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil en los términos planteados por el laboratorio jurídico para que los jueces tengan una herramienta con la que proteger ese derecho por razones humanitarias. "Con la reforma del artículo 704 de esta ley, se evitarían suicidios como el de Granada‡". 

La suspensión de la Ley de Función Social (ley antidesahucios) que promulgó la Junta, "un secuestro legal inaudito en España‡", señala Rodríguez, ha hecho que la ley deje de tener efecto disuasorio en los bancos, provocando un aumento de las ejecuciones hipotecarias que acaban en lanzamiento. IU tiene previsto elevar al Congreso una iniciativa para reformar la ley de enjuiciamiento civil.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÓRDOBA EL 30/07/2014