Córdoba Pública denuncia el
grave deterioro que se viene experimentando en las condiciones laborales de los
trabajadores de los servicios sociales, tanto de las empresas privadas que
trabajan para el ayuntamiento como de los propios empleados públicos.
- Dependencia: Las trabajadoras de la Atención a la Dependencia
que trabajan para CLECE, la empresa de Florentino Pérez (uno de los más importantes
suministradores de servicios del Ayuntamiento de Córdoba), sufren la siguiente
situación:
. De las cientos de mujeres
trabajando en el servicio, solo unas pocas tienen jornada completa, con la que,
en el mejor de los casos, apenas llegan a los 900 euros al mes, pagas extras
prorrateadas, incluidas pues en esa cantidad.
. Pero la mayoría de estas
mujeres lo que tienen son jornadas por horas, repartidas en tramos de mañana y
tarde y con horarios que pueden cambiar
de modo continuo. Sus sueldos, en muchos casos, no llegan a los 300 o 400 euros
mensuales, sin posibilidad de complementarlos con otros trabajos, dado el
reparto horario y el cambio continuo del mismo.
- Residencia Municipal de Mayores del
Polígono Guadalquivir: conforme al Plan de Ajuste Municipal, dicha
Residencia se está privatizando por partes, hasta tenerla toda privatizada y buscar su concesión global a
alguna empresa. Aunque - hasta ahora – el gobierno municipal ha declarado la
voluntad de mantener el empleo de los trabajadores municipales, trasladándolos
a otros servicios, lo cierto es que las condiciones de los trabajadores de las
empresas privadas que se han quedado con los servicios de cocina,
lavandería y auxiliares de clínica son bastante precarias, con algunos
trabajadores cobrando sueldos de algo más de 500 euros.
En definitiva, esta situación de precariedad de los trabajadores de estas
empresas viene a alimentar el fenómeno creciente en nuestro país de lo que se ha
dado en llamar trabajadores pobres: personas
que a pesar de tener trabajo no logran salir por entero de la pobreza, porque
lo que ganan a duras penas les llega para subsistir o, a veces, si no completan
la jornada, ni siquiera eso.
Además, si ponemos esta situación en relación con
la sustitución de los derechos sociales por la caridad y la beneficencia que
también viene produciéndose en el ámbito de los servicios sociales, lo que al
final nos encontramos es con unos servicios
sociales de pobres para pobres, o lo que es lo mismo, unos pobres servicios sociales que van perdiendo su carácter
universal, en un Estado que no cabe ya calificar de Derecho, sino de Desecho.
Baste saber que el Gobierno, entre 2011 y 2014,
ha reducido el gasto en Servicios Sociales en los Presupuestos Generales
del Estado de 2.515 a 1.809 millones de euros; el de atención a la Dependencia
de 1.498 a 1.176 millones y la aportación al Plan Concertado, con el que
financia los servicios sociales de los ayuntamientos, de 86,6 a 32 millones de
euros.
-Trabajadores
municipales: Esto se ve confirmado en las condiciones de
trabajo de los empleados públicos de los servicios sociales. Fruto de las
necesidades crecientes de la población (recientemente se sabía por la prensa
que más de 76.000 personas reciben ayuda del Banco de Alimentos y que un 40% de
los parados de la provincia de Córdoba no perciben ningún tipo de ayuda), la
demanda de atención social no para de crecer.
Como además los recursos,
tanto económicos como de personal, no hacen sino mermar, lo que se sufre cada
vez más es un colapso de los servicios sociales, con listas de espera en
atención primaria de hasta 6 meses. Para colmo, el gobierno municipal, en su
deriva electoralista, se ha lanzado a un propagandismo sin límites en que
anuncia creación de empleo contra la exclusión, utilizando como vía de acceso a
dicho empleo a los servicios sociales. Lo que lanza a la gente a incrementar la
presión sobre los mismos, ya de por si colapsados. Quienes al final dan la cara
y sufren todo tipo de presiones al respecto son - sobre todo - los Trabajadores
Sociales, poniendo en peligro su integridad y su salud, pues la gente,
lógicamente desesperada, quiere que se les atienda a toda costa.
Este propagandismo ha llegado a
tal nivel de contradicción, que el propio alcalde, en su último bando del
pasado 30 de julio (“Eje de Inclusión Activa. Córdoba Integra 2014”, es el
rimbombante nombre que le ha dado), a la par que anuncia a bombo y platillo la
oferta de puestos de trabajo contra la exclusión (trabajos en su gran mayoría
precarios, con sueldos de menos de 500 euros), informa que se accederá a los
mismos a propuesta de los servicios sociales, pero pide que no se acuda a los
servicios sociales “porque puede dificultar el trabajo de los funcionarios”.
Actúa así como el bombero pirómano:
primero azuza el fuego con gasolina y luego echa agua con la regadera. ¿De
verdad es serio, en una ciudad con un 35% de paro, ofertar empleo – por
precario que sea – a través de los servicios sociales y luego pedir que no se
acuda? ¿Cree que la gente se va a quedar quieta en casa?
El asunto no es ninguna broma,
sino bastante grave, porque a día de hoy hay 2 Trabajadoras Sociales de baja en
el centro de servicios sociales Sur por desgaste emocional y por amenazas a su
integridad y la de sus familias.
Más información en: https://sites.google.com/site/cordobapublica/
